LA LEY DE LA CALLE
La imagen del sector comercial de Barranquilla empeora cada día, por la imprevisión, el incumplimiento y la falta de creatividad de sucesivas Administraciones, que han dejado crecer el fenómeno de la informalidad, en medio de un desorden colectivo que no han sido capaces de resolver.
Sabido es que con cada elección surgen fórmulas de solución, promesas, que se traducen en votos para los Concejales y Alcaldes de turno, pero al final en las calles todo sigue igual.
La solución reiterada ha sido la “reubicación”, repetida en “Miami”, “La Magola”, “Fedecafé” y en muchos otros rincones o resquicios más, sin que la solución definitiva aparezca a la vista.
El pobre espectáculo de un mercado hidrocefálico, en cuya maltrecha cabecera ya no cabe una colmena más y que en consecuencia ve sus calles convertidas en galerías, no parece conmover a quienes administran la ciudad y reclaman cada día mayores tributos.
Pareciera que esa fórmula intrincada, sin solución alguna, fuese hecha para mantener el negocio cautivo del dragado de los caños y de las repetidas “inversiones” en "estudios" para una reubicación interminable en el tiempo y en el número de vendedores.
Una muestra de esa incapacidad y falta de cumplimiento, que al final se traduce en falta de seriedad por parte de nuestros gobernantes, lo constituye el caso de siete vendedores desalojados de los alrededores de Sanandresito, con quienes el Gobierno de Alejandro Char se comprometió a realizar un “plan piloto de reubicación", sin que hasta el momento se haya cumplido ese propósito.
Aquello ocurrió en año 2008. Estamos en el 2013, es decir, cinco años después y no han valido tutelas ni ordenes judiciales de arresto contra el ahora ex Alcalde y ex Consejero presidencial, para que se cumpla con algo que busca no solamente mejorar la imagen visual de la ciudad, sino también su aspecto socioeconómico.
De los siete vendedores, seis están hoy desperdigados entre la diáspora de trabajadores informales que deambulan por las calles de la ciudad, en pleno rebusque, mientras que uno de ellos sucumbió, porque según dicen sus amigos no soportó la tragedia económica y se suicidó.
Los seis vendedores sobrevivientas han anunciado que apelarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ni el Gobierno ni la Justicia colombiana han respetado sus derechos. Todo lo contrario. Fueron lanzados a la calle, en una actitud que no hace más que promover la invasión del espacio público.
Hoy el Distrito prepara una nueva arremetida en el centro de la ciudad. En esta oportunidad contra comerciantes establecidos en el denominado “Centro comercial y turístico de San Andresito”, donde cerca de 260 familias están bajo amenaza de expropiación o compra de sus propiedades por míseras cantidades, sin tener en cuenta sus derechos y sin ofrecerles alternativas dignas de reubicación.
Actitudes como estas confirman una actitud que se ha vuelto habitual en una ciudad que se mantiene en el siglo pasado en materia de plazas públicas de mercado, resistiéndose a la descentralización que recomienda la construcción de mercados locales o satelites, para acercar a compradores y vendedores de un mismo entorno geográfico y poner a funcionar la Gran central de abastos.
Aquí se impone el “statu quo” en esa materia, en una actitud que promueve la invasión del espacio público. Como quien dice, la ley de la calle.